Capítulo 23

23.1– Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido gobernantes civiles que deben estarle sujetos, para gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público; y con este fin les ha armado con el poder de la espada, para la defensa y aliento de los buenos, y para el castigo de los malhechores.¹

23.2– Es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de gobernante cuando sean llamados para ello;² y en el desempeño de ese cargo deben mantener especialmente la piedad, la justicia y la paz, según las sanas leyes de cada estado,³ y así, con ese propósito, en la era del Nuevo Testamento, pueden lícitamente hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias.⁴

23.3– Los gobernantes civiles no deben tomar para sí la administración de la Palabra y de los sacramentos,⁵ ni el poder de las llaves del reino de los cielos,⁶ ni entremeterse en lo más mínimo en asuntos de la fe.⁷  Como Jesucristo ha designado un gobierno regular y una disciplina en Su iglesia, ninguna ley del estado debe interferir con, estorbar, o limitar los ejercicios debidos entre los miembros voluntarios de alguna denominación de cristianos, conforme a su propia confesión y creencia.⁸

23.4– Es el deber del pueblo orar por los magistrados,⁹ honrar sus personas,¹⁰ pagarles tributos y otros derechos,¹¹ obedecer sus mandamientos legales y estar sujetos a su autoridad por causa de la conciencia.¹² La infidelidad o la diferencia de religión no invalida la autoridad legal y justa del magistrado, ni exime al pueblo de la debida obediencia a él;¹³ de la cual las personas eclesiásticas no están exentas;¹⁴ y mucho menos tiene el papa algún poder o jurisdicción sobre los magistrados en sus dominios, ni sobre alguno de los de su pueblo; y aun menos tiene poder para quitarles sus propiedades o la vida, si les juzgare herejes, o por cualquier otro pretexto.¹⁵